La llamada «Ley Serrano» fue duramente cuestionada por Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, quien acusó que la reforma para criminalizar ciertos usos de la Inteligencia Artificial fue elaborada de manera improvisada y con un enfoque represivo. A su juicio, la iniciativa careció de análisis técnico, consulta pública y participación de especialistas.
El activista contrastó la rapidez con que se aprobó la reforma con los esfuerzos del Senado de la República, que lleva cuatro años analizando decenas de propuestas para regular la IA sin lograr aún una legislación definitiva. Esto, afirmó, evidencia la complejidad del tema y la necesidad de construir consensos amplios.
Maldonado advirtió que una ley redactada sin rigor puede abrir la puerta a restricciones indebidas de derechos fundamentales. Si bien reconoció la necesidad de regular la Inteligencia Artificial, sostuvo que hacerlo mediante medidas punitivas y ambiguas representa un riesgo para la libertad de expresión y el desarrollo tecnológico.