La convocatoria realizada por el secretario general de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, para que los actores políticos respeten los tiempos electorales y privilegien la civilidad en el proceso rumbo a 2027, difícilmente puede pasar inadvertida. No por el contenido del llamado, sino por quién representa y el contexto en el que se produce. El mensaje proviene de una administración estatal que ha sido señalada de manera recurrente por presuntas conductas que diversos sectores consideran una abierta promoción política anticipada y un uso indebido de programas e infraestructura gubernamental con fines partidistas.
Desde el inicio del actual gobierno estatal, organizaciones políticas, actores públicos y diversos medios de comunicación han documentado y denunciado actividades relacionadas con afiliaciones partidistas, promoción de imagen y eventos gubernamentales que, según sus críticos, han favorecido de manera sistemática al Partido Verde Ecologista de México. Las acusaciones han sido constantes y públicas. Sin embargo, los partidos de oposición en San Luis Potosí han mostrado una escasa capacidad para articular una estrategia política o jurídica capaz de confrontar eficazmente estas prácticas. Mientras las denuncias se acumulan en el debate público, las dirigencias opositoras parecen más concentradas en sus propios proyectos electorales que en ejercer una función de contrapeso.
En este escenario, resulta inevitable la contradicción. Quienes gobiernan y han sido objeto de cuestionamientos por presuntos actos de promoción política anticipada son ahora quienes llaman a la prudencia electoral. La paradoja sería anecdótica si no fuera porque el exhorto ocurre en un contexto donde la percepción ciudadana apunta precisamente a una competencia desigual entre quienes disponen de los recursos y la exposición institucional del gobierno, y quienes deberían representar una alternativa política. El mensaje oficial busca proyectar institucionalidad, pero enfrenta el desafío de la credibilidad.
Más preocupante aún es la respuesta de la oposición. En lugar de cuestionar con firmeza lo que consideran irregularidades, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han permanecido en una actitud que oscila entre la pasividad y la resignación. La consecuencia es una creciente sensación de abandono entre los ciudadanos inconformes con el rumbo político del estado. En cualquier democracia saludable, la vigilancia del poder corresponde tanto a las instituciones como a la oposición. Cuando quienes deben fiscalizar permanecen inmóviles, el discurso de la civilidad corre el riesgo de convertirse en un simple recurso retórico, mientras las ventajas políticas continúan acumulándose del lado de quienes ya ejercen el poder.