La empresa Servicios Broxel, responsable de emitir los monederos electrónicos que recibieron 254 diputados federales de Morena, está bajo investigación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno por presuntas irregularidades en la contratación de servicios públicos, conflictos de intereses, pagos en exceso y adeudos millonarios con 39 dependencias gubernamentales. El caso ha encendido las alertas por la posibilidad de que detrás de las tarjetas entregadas a los legisladores exista una red de intereses y beneficios similar a la señalada en el escándalo de contratos vinculados al INE durante la gestión de Guadalupe Taddei.
La investigación federal detectó un posible conflicto de intereses entre Broxel y un funcionario de la Secretaría de Hacienda: su representante legal, Karlo Gerardo Siliceo Valdespino, es hermano de Miguel Sergio Siliceo Valdespino, titular de la Unidad de Inversiones de esa dependencia. De acuerdo con los registros de contratación, durante 2025 Broxel obtuvo adjudicaciones para suministrar vales electrónicos a más de 150 dependencias federales por hasta 9 mil 751 millones de pesos, además de contratos con el Gobierno de la Ciudad de México por hasta 3 mil 591 millones. En total, la compañía habría conseguido contratos por más de 10 mil millones de pesos con la administración pública federal.
La excomisionada del INAI, Norma Julieta del Río, advirtió que con Broxel podría existir una red similar a la del INE, por el modus operandi de la empresa y las presuntas irregularidades detectadas. El caso amenaza con convertirse en otro escándalo de opacidad, tráfico de influencias y posibles conflictos de intereses dentro de la mal llamada Cuarta Transformación.