A unos días de que el Gobierno del Estado entregue el Desnivel Arena Potosí, la administración estatal continúa sin transparentar el monto total invertido en una de las obras de infraestructura más relevantes del sexenio.
Aunque el gobierno de Gallardo asegura que la obra cuenta con las garantías legales correspondientes y fue ejecutada por empresas potosinas, ese argumento no sustituye la obligación de rendir cuentas sobre el ejercicio de los recursos públicos. La transparencia exige que proyectos de esta magnitud informen con claridad su costo, modificaciones presupuestales y pagos realizados.
La falta de información ocurre en un contexto de escasa exigencia política para esclarecer el manejo del gasto público. Mientras el gobierno estatal mantiene en reserva el monto definitivo de la inversión, la oposición ha guardado silencio cómplice, incluida la dirigencia del nuevo partido Somos MX. La ausencia de cuestionamientos y de una fiscalización efectiva contribuye a que la opacidad se normalice en torno a obras financiadas con recursos de los potosinos, debilitando los principios de transparencia y rendición de cuentas que deben regir a cualquier administración pública.