A pesar de los señalamientos surgidos en Estados Unidos sobre supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa, el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez continúa conservando sin contratiempos los privilegios y apoyos económicos que le otorga su posición en el Senado de la República. Además de su salario mensual de 132 mil 900 pesos, el legislador dispone de recursos adicionales cercanos a los 200 mil pesos por presidir la Comisión de Estudios Legislativos.
El político sinaloense, originario de Badiraguato, se consolidó como una de las figuras más influyentes de Morena en la Cámara Alta al operar la aprobación de la Reforma Judicial promovida por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Dicha modificación constitucional impulsó la elección popular de jueces, magistrados y ministros bajo el argumento de erradicar prácticas de corrupción y nepotismo dentro del Poder Judicial.
Sin embargo, diversas versiones y acusaciones han señalado que Inzunza Cázarez habría fortalecido una estructura de influencia política y familiar en el sistema judicial de Sinaloa, presuntamente alineada con los intereses del gobernador Rubén Rocha Moya y del partido Morena. Los cuestionamientos adquieren mayor relevancia debido a la contradicción entre el discurso oficial de austeridad y combate a la corrupción, frente a la permanencia de privilegios políticos y presupuestales para figuras cercanas al poder.