Guadalupe Taddei pretende convertir señalamientos en su contra en un supuesto ataque al Instituto Nacional Electoral (INE), una estrategia política tan recurrente como cuestionable: confundir la crítica a quien encabeza una institución con una agresión contra la institución misma. El argumento tiene una falla de origen.
El INE no es propiedad de su presidenta, ni cuestionar sus decisiones equivale a socavar la democracia. Por el contrario, exigir explicaciones, investigar posibles irregularidades y reclamar rendición de cuentas son condiciones indispensables para preservar la credibilidad de la autoridad electoral. Si Taddei considera que las acusaciones carecen de fundamento, le corresponde responder con pruebas, transparencia y argumentos, no refugiarse detrás del prestigio de un organismo cuya autonomía tiene la obligación de proteger.
El primer cuestionamiento a su llegada a la presidencia del INE fue el procedimiento mediante el cual resultó designada en 2023. Aunque el mecanismo estaba previsto en la ley, su nombramiento generó controversia por sus antecedentes familiares y políticos, así como por las dudas expresadas desde distintos sectores sobre su cercanía con Morena y el gobierno de la mal llamada Cuarta Transformación.
El segundo frente de cuestionamiento es su desempeño al frente del organismo y la percepción de que el INE ha perdido firmeza frente al poder político. Una presidencia electoral debe garantizar que las reglas se apliquen sin distinciones, defender la autonomía institucional y ofrecer certeza a todos los actores, especialmente cuando las decisiones electorales están bajo escrutinio público. Por eso, cualquier señal de complacencia, opacidad o debilidad ante el gobierno merece una explicación puntual.
El tercero son los señalamientos recientes sobre presuntas maniobras irregulares y personas supuestamente vinculadas con su entorno.
El verdadero daño al INE se produce cuando su conducción permite que crezcan las dudas sobre su independencia, cuando la defensa de sus autoridades parece confundirse con la defensa de un proyecto político y cuando la rendición de cuentas se sustituye por el discurso de la victimización.