Hay momentos en que una sociedad no solamente debe preguntarse hacia dónde va, sino qué tanto ha retrocedido. San Luis Potosí parece estar viviendo uno de esos momentos.
Son tan rupestres los diputados locales del régimen y aliados que se concentran en una prioridad que poco tiene que ver con resolver los problemas de los ciudadanos: construir, modificar y acomodar leyes para facilitar su permanencia en el poder.
Mientras eso ocurre, la ciudad de San Luis Potosí sigue acumulando problemas que requieren regulación, planeación y decisiones de fondo. Movilidad, desarrollo urbano, servicios públicos, crecimiento desordenado, agua, infraestructura, transporte, medio ambiente y una larga lista de asuntos cotidianos que parecen no formar parte de una agenda legislativa con visión de futuro.
Y si no existe una agenda seria para la capital, tampoco la hay para el resto del estado.
Mucho menos encontramos una visión que permita pensar en San Luis Potosí como una entidad capaz de aportar propuestas, conocimiento, innovación o políticas públicas al debate nacional. Ya no digamos al mundo.
La política se ha reducido, peligrosamente, a la lógica de la sobrevivencia electoral: cómo conservar posiciones, cómo modificar reglas, cómo cerrar espacios y cómo garantizar que quienes hoy tienen el control puedan seguir teniéndolo mañana.
Ese es quizá uno de los mayores problemas del gallardismo: haber convertido la política en una disputa permanente por el poder, mientras las necesidades reales de la sociedad quedan relegadas.
El problema no es solamente que existan malas leyes. El problema es que no parece existir una ambición política mucho mayor que la de conservar el control.
Y eso nos ha llevado, en muchos sentidos, de regreso al pasado.
El gallardismo terminó llevando a San Luis Potosí, en todos los ámbitos de la vida pública, a aquel Soledad de los tiempos de Raymundo Gaytán, cuando las participaciones federales eran calificadas como “menstruales”.
Podrá parecer una referencia anecdótica, pero representa algo mucho más profundo: una época en que la política local parecía funcionar con una lógica elemental, limitada y profundamente alejada de las exigencias de un estado que pretendiera modernizarse.
Lo verdaderamente triste es que, décadas después, tengamos la sensación de estar regresando a ese punto.
Mientras otras ciudades y estados discuten inteligencia artificial, innovación tecnológica, infraestructura de nueva generación, transición energética, ciudades inteligentes, competitividad, educación de calidad y nuevas formas de gobernanza, aquí seguimos atrapados en la discusión de quién controla qué, quién conserva qué posición y cómo se modifica una regla para que el poder siga en las mismas manos.
Ese es el verdadero retroceso.
No se trata solamente de que nuestros políticos sean conservadores o poco creativos. Se trata de que parecen haber perdido la capacidad de imaginar un San Luis Potosí diferente.
Un estado que aspire a ser algo más que un territorio administrado electoralmente.
Una capital que no solamente sobreviva al crecimiento, sino que lo ordene.
Un Congreso que no legisle para quienes gobiernan, sino para quienes viven aquí.
Una clase política que entienda que el poder es temporal y que las instituciones deben permanecer.
Porque cuando los diputados convierten al Congreso en una fábrica de reformas para proteger al régimen, dejan de hacer política pública y comienzan a hacer ingeniería del poder.
Y cuando eso sucede durante demasiado tiempo, la sociedad termina pagando la factura.
Lo más preocupante no es solamente nuestro presente.
Es el futuro que estamos construyendo.
Porque una generación de políticos que no tiene la capacidad de imaginar el futuro inevitablemente terminará administrando el pasado.
Y San Luis Potosí merece mucho más que eso.
Merece dejar de ser rupestre.






