Mientras miles de familias enfrentan el encarecimiento de la vida y las dificultades para cubrir sus necesidades básicas, los diputados locales proyectan incrementar sus propios ingresos para 2027. El presupuesto del Congreso contempla destinar 63.2 millones de pesos al pago de dietas y otras percepciones de los legisladores, frente a los 58.8 millones aprobados para este año, lo que representa un aumento de 4.4 millones de pesos, equivalente al 7.5 por ciento.
El incremento está relacionado con la reincorporación de partidas por remuneraciones adicionales y especiales, así como de otras prestaciones sociales y económicas que no fueron consideradas en el presupuesto vigente. De acuerdo con las cifras presentadas, la modificación elevaría en 164 mil 545 pesos el ingreso anual de cada diputado, mientras que la suma de las remuneraciones mensuales registraría un aumento de 5.5 millones de pesos. Los datos abren cuestionamientos sobre los conceptos que integran las percepciones de los legisladores y la justificación de estos recursos públicos.
La decisión vuelve a colocar bajo escrutinio a los integrantes del Poder Legislativo, quienes tienen la responsabilidad de vigilar el gasto público y exigir austeridad en el ejercicio gubernamental. La pregunta es inevitable: ¿con qué argumentos justifican ampliar sus propias percepciones mientras la ciudadanía demanda mejores servicios, transparencia y un uso responsable del dinero público? Más allá de las partidas presupuestales y los tecnicismos administrativos, los diputados deben explicar con claridad por qué consideran necesario aumentar sus ingresos y qué beneficios concretos recibirá la sociedad a cambio.