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La decisión de restringir la Modalidad 40 del IMSS representa un golpe para miles de trabajadores de clase media que durante años han cotizado, ahorrado y hecho sacrificios para aspirar a una pensión digna. No se trata de un privilegio ni de una concesión del gobierno, sino del esfuerzo de quienes pretenden llegar a la vejez con cierta tranquilidad económica, después de décadas de trabajo y contribuciones a la seguridad social.

 

La decisión del gobierno de Claudia Sheinbaum de imponer nuevas restricciones a este esquema afecta precisamente a quienes habían encontrado en la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio una alternativa para mejorar su pensión. El problema no es solamente administrativo o financiero: es el mensaje que se envía a una clase media que ha hecho de la previsión, el ahorro y la responsabilidad personal una forma de enfrentar su futuro. Quienes planearon durante años su retiro ahora ven alteradas sus expectativas por un cambio en las reglas del juego.

 

¿Por qué castigar a quienes se esfuerzan por construir una pensión digna? Esa es la pregunta que el gobierno debe responder. La Modalidad 40 no garantiza automáticamente una pensión elevada ni beneficia a todos por igual; exige cumplir requisitos y asumir costos de cotización que pueden representar un sacrificio considerable. Para muchos trabajadores, pagar durante años cuotas más altas es una decisión que implica renunciar a otros gastos con tal de no convertirse, al llegar a la vejez, en una carga económica para sus familias o en personas dependientes de apoyos gubernamentales.

 

Si el objetivo es sanear las finanzas del IMSS y evitar abusos, el gobierno está obligado a demostrar que las restricciones son proporcionales, necesarias y eficaces. El ahorro que se pretende obtener debe ponerse en perspectiva frente al costo de otras decisiones presupuestales, los programas públicos y los compromisos financieros del Estado. Sin cifras oficiales comparables, no puede afirmarse cuánto se ahorrará ni que ese ahorro sea insignificante; pero sí es legítimo exigir que se explique por qué la solución elegida consiste en limitar las posibilidades de los trabajadores que buscan mejorar su retiro, en lugar de presentar una estrategia integral para combatir el desperdicio, las irregularidades y las presiones financieras del sistema.

 

En el fondo, la preocupación es que una medida de esta naturaleza termine profundizando la incertidumbre de una clase media que no pide privilegios, sino reglas claras y respeto por su esfuerzo. Conociendo lo viscerales que son los de la mal llamada cuarta transformación, puedo fácilmente atribuir la decisión a una revancha ideológica contra la clase media.