México cerró 2025 con una producción promedio de apenas 1.36 millones de barriles diarios de petróleo crudo, el nivel más bajo desde 1979, de acuerdo con datos de Pemex y registros de la extinta Comisión Nacional de Hidrocarburos. La cifra resulta particularmente alarmante porque representa un desplome frente a los 1.833 millones de barriles diarios que se producían en 2018 y coloca nuevamente a México en niveles de extracción de hace casi medio siglo. Mientras la producción de hidrocarburos líquidos, que incluye condensados, se ubicó en alrededor de 1.63 millones de barriles diarios, el dato estrictamente petrolero revela la dimensión real del retroceso.
La comparación histórica desnuda todavía más la gravedad: Cantarell comenzó a producir en 1979 y posteriormente convirtió a México en una potencia petrolera, hasta llevar la extracción nacional a máximos superiores a tres millones de barriles diarios. Hoy, después de décadas de explotación, inversiones y avances tecnológicos, el país vuelve a extraer prácticamente el mismo volumen de crudo que en los años previos al gran auge petrolero. La declinación de los grandes campos maduros, particularmente los ubicados en la Región Marina Noreste, no ha sido compensada suficientemente con nueva producción. Pemex reconoce oficialmente que uno de sus objetivos es estabilizar la extracción, mientras las cifras disponibles muestran que el problema continúa siendo estructural.
En su segundo Informe de Gobierno, Claudia Sheinbaum ocultó la gravedad de esta caída, al privilegiar en su mensaje los avances y resultados favorables y no colocar en el centro de la rendición de cuentas el desplome de la producción de crudo de Pemex. Mientras el Gobierno ha destacado la reducción de la deuda de la petrolera y el incremento del procesamiento en las refinerías, el dato de fondo permanece: México pasó de niveles superiores a tres millones de barriles diarios en su época de mayor producción a apenas 1.36 millones en 2025. Es una pérdida de capacidad productiva de enorme magnitud que, por su impacto económico, energético y fiscal, constituye uno de los asuntos que debieron ocupar un lugar central en el balance presidencial.