La política salarial del gobierno de Claudia Sheinbaum exhibe una contradicción que va más allá de los porcentajes: mientras entrega incremento global de 9 por ciento para el magisterio, los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social enfrentan una propuesta de 6.8 por ciento global, integrada por 2.9 por ciento al salario tabular y 3.9 por ciento en prestaciones. La diferencia es de 2.2 puntos porcentuales.
En el caso de la CNTE, la suspensión de clases, las marchas y los bloqueos han formado parte de sus estrategias para presionar a las autoridades. La pregunta es si la respuesta del gobierno federal está guiada exclusivamente por criterios de justicia salarial o si también pesa la afinidad política e ideológica de la presidenta con organizaciones que históricamente han mantenido una relación de confrontación con gobiernos anteriores adversarios a la mal llamada cuarta transformación. Resulta legítimo cuestionar que un gobierno que presume sensibilidad social no explique con la misma claridad y urgencia cómo atenderá las demandas de otros sectores públicos esenciales.
La irresponsabilidad política aparece cuando se ignora que las consecuencias de las decisiones salariales no se limitan a una negociación entre funcionarios y sindicatos. Los maestros tienen derecho a mejores salarios y a protestar, pero suspender clases también afecta a estudiantes y familias. En el sector salud, las posibilidades de ejercer presión mediante una suspensión de actividades están condicionadas por la obligación de proteger la vida de los pacientes. Médicos, enfermeras, camilleros y laboratoristas no pueden abandonar indiscriminadamente sus puestos sin poner en riesgo a personas vulnerables. ¿Por qué quienes mantienen en funcionamiento los servicios médicos deben resignarse a negociar desde una posición de menor capacidad de presión, mientras otras organizaciones logran colocar sus exigencias en el centro de la agenda nacional?
Los porcentajes revelan otra diferencia relevante: el aumento para el magisterio incluye 4 por ciento directo al salario base, frente al 2.9 por ciento al salario tabular contemplado en la propuesta para el IMSS. El resto de ambos paquetes tiene componentes distintos, por lo que no basta comparar las cifras globales para determinar cuál sector obtuvo mejores condiciones en todos los rubros.
La mal llamada Cuarta Transformación no puede justificar sus prioridades únicamente con discursos de justicia social. Si la afinidad ideológica de la presidenta con determinadas organizaciones influye en la atención política que reciben, el resultado puede ser una administración que escucha con mayor rapidez a quienes comparten su horizonte político y deja en segundo plano a quienes sostienen servicios indispensables. Esa es la preocupación de fondo: no que los maestros ganen más, sino que los trabajadores de la salud reciban una respuesta salarial menos favorable sin una explicación pública convincente. La responsabilidad de gobernar consiste en equilibrar derechos, necesidades y recursos, no en confundir cercanía ideológica con justicia laboral. Un gobierno que realmente coloca primero al pueblo debe demostrarlo también con quienes cuidan su salud, incluso cuando estos no pueden cerrar una escuela, bloquear una avenida o convertir el sufrimiento de terceros en instrumento de negociación.