La presidenta Claudia Sheinbaum pretende convertir a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en un instrumento de ajuste de cuentas políticas, bajo el disfraz de una cruzada contra la corrupción.
La instrucción de ampliar investigaciones sobre INE y organismos electorales hasta el año 2000, incorporando al extinto IFE, no solamente abre interrogantes sobre legalidad y alcances de esta determinación, sino que también exhibe una preocupante subordinación del órgano fiscalizador. La ASF, cuya autonomía técnica y de gestión constituye una garantía indispensable para fiscalización del gasto público, no puede convertirse en una oficina que obedezca instrucciones presidenciales.
Si ampliación de auditorías responde a orden política y no a criterios técnicos, debidamente fundamentados y sustentados en la ley, estaríamos ante desviación inadmisible de atribuciones. Fiscalización no puede ser herramienta de propaganda ni mecanismo para fabricar adversarios.
Revisión histórica de contrataciones, adquisiciones, concentración de proveedores y presuntas irregularidades en el IFE, INE y organismos electorales locales podría parecer, en principio, una tarea legítima. El problema es el contexto político en que se anuncia, amplitud de sus alcances y la aparente disposición de la ASF a atender directriz presidencial.
¿Desde cuándo la presidenta de la República puede determinar el rumbo de una investigación de un órgano constitucionalmente autónomo?, ¿Con qué fundamento se pretende convertir una revisión de un cuarto de siglo en una operación de deslinde político?. La corrupción debe investigarse, pero con expedientes, pruebas, procedimientos legales y responsabilidades individualizadas. No mediante supuestas “sospechas”, ni la construcción anticipada de culpables. Si el propósito es revisar el pasado, que se haga con rigor, sin convertir la fiscalización en un espectáculo diseñado para satisfacer necesidades políticas de Morena.
Como ocurre con muchas de las ocurrencias de la mal llamada Cuarta Transformación, esta operación también amenaza con convertirse en un descomunal desperdicio de recursos públicos. Una revisión de semejante dimensión, que involucra 25 años de contrataciones y adquisiciones de instituciones electorales federales y locales, requerirá personal especializado, análisis documental, infraestructura y una cantidad considerable de recursos.
La presidenta y ASF tienen obligación de explicar cuánto costará, de dónde saldrá el dinero y cuál será el beneficio concreto para los mexicanos. No se puede justificar cualquier gasto bajo bandera de combatir corrupción, particularmente cuando el Gobierno de Morena presume austeridad mientras multiplica proyectos y decisiones cuya utilidad pública resulta cuestionable. Si la investigación termina siendo una maquinaria burocrática para producir acusaciones políticas, el costo será doble: económico e institucional.
En realidad, lo que parece buscar Sheinbaum es enlodar a todo mundo para intentar lavarse la cara ella misma y limpiar imagen de un régimen que no puede desprenderse de sus propias contradicciones.
La ofensiva contra el pasado también pretende desviar la atención de decisiones que llevaron a Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, una designación cuestionada por sus antecedentes, vínculos y por el proceso político que la hizo posible. Morena no puede fingir ahora que problemas de instituciones electorales son exclusivamente herencia de gobiernos anteriores, cuando fue precisamente el grupo en el poder el que impulsó una supuesta transformación institucional que ha generado profundas controversias. No se trata de defender a quienes hayan cometido actos de corrupción, sino de impedir que la justicia sea utilizada selectivamente. Sheinbaum y Morena quieren repartir culpas para evitar asumir las propias.
Cuando un gobierno necesita ensuciar a todos los demás para intentar presentarse como limpio, lo que exhibe no es autoridad moral, sino la desesperación de un poder que pretende controlar hasta la narrativa de su propia corrupción.