Ya salió el peine. Lo que se anunció como una evaluación al desempeño de jueces y magistrados en San Luis Potosí amenaza con convertirse en otro episodio de simulación institucional. El Frente Cívico Nacional (FCN), a través de su presidente local, Rafael Hernández Covarrubias, formalizó una solicitud de nulidad del proceso ante el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación, al considerar que la supuesta evaluación no refleja el verdadero desempeño de los juzgadores.
Son tiempos del acordeón, de la mal llamada Cuarta Transformación y del gallardismo; o, lo que es lo mismo, tiempos de simulación, fraude, engaño y trampa. Bajo esa lógica, lo que debería ser un examen riguroso para medir la capacidad de quienes imparten justicia termina envuelto en sospechas y cuestionamientos. El señalamiento del FCN es contundente: resulta difícil creer que únicamente un funcionario judicial haya reprobado cuando abogados y usuarios siguen enfrentando resoluciones cuestionables, errores en los juicios y deficiencias que ponen en entredicho la calidad del servicio. Si los resultados no corresponden con la experiencia de quienes acuden a los tribunales, lo mínimo exigible es explicar cómo se evaluó, qué criterios se aplicaron y cuáles son las evidencias que respaldan las calificaciones.
La denuncia del FCN apunta todavía más lejos: sostiene que el procedimiento estuvo marcado por irregularidades y que se cerró una evaluación que, en los hechos, ni siquiera habría comenzado. Según el organismo, no existió una auditoría integral del desempeño que incorporara los testimonios de abogados y usuarios del sistema judicial, ni se respetaron debidamente las leyes y los protocolos correspondientes. Por eso, además de solicitar la nulidad, exige reponer el proceso. No se trata de un trámite burocrático: evaluar a quienes tienen en sus manos la libertad, el patrimonio y los derechos de las personas exige rigor, independencia y transparencia, no una cifra presentada como certificado de eficiencia.
Y aquí surge la pregunta inevitable en el San Luis Potosí de Ricardo Gallardo: ¿para qué sirve una reforma judicial si sus mecanismos de evaluación no ofrecen garantías de seriedad y credibilidad? Un Poder Judicial no puede legitimarse con exámenes de apariencia ni esconder sus deficiencias detrás de resultados aparentemente favorables. Las acusaciones del Frente Cívico Nacional deberán ser examinadas y acreditadas por las instancias competentes, pero merecen una respuesta pública, documentada y convincente. Porque si la evaluación fue una simulación, no solo se engaña a la sociedad sobre la capacidad de sus jueces: también se debilita la confianza en una justicia que debería ser independiente del poder político, no un poder judicial del acordeón.