Mientras México se debate entre la corrupción, los abusos de poder y el avance de un régimen que amenaza con concentrar cada vez más autoridad, la oposición parece empeñada en desperdiciar su propia oportunidad. Los ciudadanos que esperan una alternativa seria, combativa y con solvencia moral frente a Morena y sus aliados se encuentran con dirigentes que, lejos de representar una resistencia digna, parecen más preocupados por conservar sus espacios, acomodarse en la nómina y administrar sus cuotas de poder. La oposición necesita congruencia, dignidad y políticos capaces de demostrar que sus principios no tienen precio.
Lo ocurrido con Enrique Dahud Uresti, dirigente estatal interino del PAN en San Luis Potosí y protegido político de Verónica Rodríguez Hernández, resulta inadmisible. De acuerdo con información publicada en la Plataforma Estatal de Transparencia correspondiente a septiembre de 2026, Dahud aparece contratado por honorarios en el Congreso del Estado, con una remuneración mensual bruta de 12 mil pesos, desempeñándose como auxiliar general de la LXIV Legislatura, adscrito al área de Comisiones. El registro reporta un pago neto de 11 mil 254.24 pesos bajo el esquema de honorarios asimilados a salarios. La información adquiere mayor relevancia porque el coordinador parlamentario del PAN, Rubén Guajardo Barrera, había asegurado que Dahud ya no colaboraba en el Poder Legislativo. La contradicción exige una explicación pública, puntual y transparente.
No se trata de descalificar a nadie por recibir una remuneración legítima, sino de cuestionar la congruencia de quien encabeza una fuerza política que debería estar fiscalizando al poder y denunciando sus excesos. ¿Cómo puede el dirigente estatal del PAN exigir transparencia, combatir los privilegios y encabezar una oposición firme cuando su propia situación laboral en el Congreso genera dudas y contradicciones? La política no puede convertirse en un mecanismo de supervivencia económica para quienes deberían estar concentrados en construir una alternativa de gobierno. Los cargos partidistas no son refugios para políticos de baja estatura ni espacios para negociar migajas mientras se presume una lucha democrática.
En este escenario, Verónica Rodríguez también debe asumir su responsabilidad. Su padrinazgo político sobre Dahud no puede convertirse en una patente de impunidad interna ni en una excusa para prolongar una dirigencia cuestionada. Si el PAN potosino pretende recuperar credibilidad, es indispensable que ambos den un paso al costado y permitan una renovación real, no cosmética. La eventual candidatura de Enrique Galindo Ceballos representa un horizonte político que exige una estructura organizada, cohesionada y con capacidad de convocatoria. No se puede aspirar a construir una alternativa competitiva con dirigentes que arrastran cuestionamientos, improvisaciones y una evidente incapacidad para entender la dimensión del desafío.
San Luis Potosí y México no están para tolerar políticos pequeños, oportunistas ni dirigentes que confunden la oposición con el reparto de posiciones. Morena y sus aliados no serán derrotados con declaraciones tibias, componendas ni liderazgos que se conforman con las sobras del poder. El PAN necesita una dirigencia que esté a la altura de las circunstancias, que actúe con independencia, que tenga autoridad moral y que sea capaz de articular una verdadera fuerza política. La oposición necesita dejar de ser una caricatura de sí misma antes de pretender convencer a los ciudadanos de que puede gobernar mejor.