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Por José Arturo González Guerrero

 

Hace varios años un activista me dijo: “Mira, hay quienes viven con VIH y hay quienes viven del VIH”, y el comentario era a propósito de los “activistas mercenarios” que viven de los recursos destinados a campañas de información y prevención de la transmisión del VIH y de otras enfermedades de transmisión sexual.

En San Luis Potosí, en el escenario del activismo LGBT, Andrés Costilla Castro, presidente de Amigos Potosinos en Lucha Contra el Sida, A.C., es una figura constante y consistente en acciones concretas en favor de la información y prevención de las ETS a las que está expuesta la población en general y en particular los jóvenes LGBT.

Probablemente Andrés Costilla no goce de la simpatía de todo el colectivo, sin embargo en su trayectoria ha demostrado un estricto apego a normas y disciplina en lo que a tramitología se refiere; no pocas veces ha demostrado con documentos que su quehacer es legítimo y esto le ha dado la credibilidad que hoy tiene su liderazgo.

En contraposición está otra figura, la de Jeus Paul Ibarra Collazo, quien en su corta trayectoria en el activismo elegebtero ha tropezado con algunos escándalos, mal entendidos, y denuncias en redes sociales que, si bien no han mermado sus acciones, si han empañado su prestigio.

Esta vez Andrés Costilla ha denunciado a Jeus Paul Ibarra Collazo ante la Contraloría interna de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, la Contraloría Superior del Estado, y ante la Contraloría Superior de la Federación porque pese a las irregularidades en la propuesta de Ibarra Collazo, lo declaran ganador de la licitación y le asignan 1 millón 378 mil pesos para un proyecto que daría servicio a la población en prevención y detección temprana del VIH, Sifilis y Hepatitis C.

Con documentación (solicitada Al portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí) que exhibe en su cuenta de Facebook, Andrés Costilla demuestra que la propuesta de Jeus Paul Ibarra Collazo, presidente de Red Diversificadores Sociales, A.C. no cumple con las normas establecidas y sin embargo la Dra. Claudia Aidé Rodríguez, coordinadora del Programa Estatal de VIH e ITS de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, le autoriza la asignación de ese recurso económico.

Estas denuncias se dan en medio de la polémica que salpica a Ibarra Collazo por desafiar las recomendaciones ante la pandemia al realizar eventos masivos con música en vivo, venta de alcohol y espacios seguros para practicar sexo anónimo en fiestas de boxers y cuartos obscuros, bajo su nuevo concepto de divertimento “Jotas Room”, actividades por las que ya en una ocasión le fue clausurado la sede de la asociación que preside.

Independientemente de que prosperen estas tres denuncias ante la Contraloría interna de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, la Contraloría Superior del Estado, y ante la Contraloría Superior de la Federación, queda claro que en la escena del activismo potosino aún “hay quien vive con VIH y hay quienes viven del VIH”.